La Ley MiCA o Ley para Mercados de Criptoactivos, es una nueva regulación de la UE centrada en ofrecer un marco regulatorio común para todo el ecosistema financiero que se da alrededor de blockchain y criptomonedas. En definitiva, estamos ante el que sería el inicio de una regulación verdaderamente correcta para el espacio cripto, que además dejaría muy claro las reglas de juego para los usuarios, prestadores de servicios y demás entes relacionadas con el mundo de los tokens y las criptomonedas.

¿Qué es la Ley MiCA?

La Ley MiCA, es la primera regulación integral para las criptomonedas de la UE. Aprobada el pasado 10 de octubre de 2022, el cuerpo de la Ley consta de más de 100 artículos que abordan temas  como el blanqueo de dinero, el KYC, la protección de los consumidores e inversores, la responsabilidad de las empresas de criptomonedas y las stablecoins. 

Tras su aprobación se espera que los estados de la Unión tengan un periodo de preparación hasta el año 2024 para aplanar el camino regulatorio nacional y adaptarlo a las exigencias de MiCA. Con ello, MiCA convertiría a la UE en un espacio con una regulación uniforme en torno a las criptomonedas.

En líneas generales, el objetivo de la MiCA es regular la emisión, la oferta al público y la negociación de los criptoactivos. Tal y como está redactada la Ley establece un marco global que fija los requisitos para el funcionamiento y la gobernanza de los principales emisores de criptoactivos y proveedores de servicios CASP (Contracted Application Service Provider o Proveedor de servicios de aplicaciones contratado). También deja claro el marco de protección para los titulares de criptoactivos y otros clientes de los proveedores de servicios.

Los CASP no necesitarían el permiso de cada país de la UE para ofrecer sus servicios en las jurisdicciones dentro de la UE una vez MiCA entre en rigor aplicativo. Esto ciertamente reduce la carga regulatoria de las instituciones, permitiendo que cualquier proveedor de servicio pueda registrarse en cualquier país de la Unión y operar libremente en cualquier espacio dentro de la jurisdicción de la UE.

Además, MiCA permite que las autoridades competentes de los Estados miembros supervisen a los CASP, buscando que estos cumplan los requisitos establecidos en la MiCA para poder operar. Al mismo tiempo, establece la posibilidad de un control mucho más estricto a los CASP que superen los 15 millones de usuarios. Estos CASP serían clasificados como “CASP significativos”, y estarían bajo un control mucho más riguroso.

Adicional a esto, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) tendrá poderes de intervención para prohibir o restringir los servicios de un CASP. Esto en caso de que existan dudas razonables sobre las operaciones del CASP. En particular, la AEVM podrá utilizar sus poderes de intervención si el CASP estuviera dañando la integridad del mercado, la estabilidad financiera o la protección de los inversores.

Objetivos de MiCA

La Ley puede desglosarse en cuatro objetivos generales, los cuales son:

  1. Proporcionar seguridad jurídica a los criptoactivos que no están cubiertos por la actual legislación de servicios financieros de la UE.
  2. Sustituir los marcos nacionales existentes aplicables a los criptoactivos no cubiertos por la actual legislación de servicios financieros de la UE. Con ello se busca crear un marco regulatorio común para este tipo de servicios en la UE.
  3. Establecer normas uniformes para los proveedores de servicios de criptoactivos y los emisores a nivel de la UE.
  4. Establecer normas específicas para las stablecoins, incluso cuando se comercialicen como dinero electrónico.

Un punto relevante de esta regulación, es que los tokens no fungibles (NFT) que sean individuales y distintos quedarían excluidos del ámbito de aplicación de la MiCA. Esto al menos que el emisor cree una “colección” de activos para su compra. Adem